Sociales

AMADO CRUZ

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DROGAS ILÍCITAS

El Observatorio de Drogas de Colombia publica a continuación el texto completo del Comunicado conjunto del Gobierno de Colombia y las FARC, sobre los acuerdos alcanzados en medio de las negociaciones de paz, para la “Solución al problema de las drogas ilícitas”:

Las Delegaciones del Gobierno y las FARC-EP informan que: 

Hemos llegado a un acuerdo, sobre el cuarto punto de la Agenda contenida en el "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", tercero en discusión, denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. 

Hemos logrado acuerdo sobre los tres sub puntos del punto 4 del Acuerdo General: 

1. Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. 

2. Programas de prevención del consumo y salud pública. 

3. Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. 

Consideramos que: 

El conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de los cultivos de uso ilícito y a la producción y comercialización de drogas ilícitas en el territorio. 

La persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. 

Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. 

La producción y comercialización de drogas ilícitas y las economías criminales ha tenido graves efectos sobre la población colombiana, afectando el goce y ejercicio de sus derechos y libertades. 

El cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto interno. 

El fin del conflicto debe representar una oportunidad para construir una solución conjunta e integral al problema de las drogas ilícitas. 

Es necesario diseñar una nueva visión que atienda las causas y consecuencia de este fenómeno, especialmente presentando alternativas que conduzcan a mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; que aborde el consumo con un enfoque de salud pública y que intensifique la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico. 

Esta nueva visión implica buscar nuevas alternativas basadas en la evidencia, que diferencie en su tratamiento el fenómeno del consumo y el problema de los cultivos de uso ilícito, del problema de la criminalidad organizada asociada al narcotráfico. 

Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las drogas ilícitas y somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los estados, en particular por aquellos que de manera directa o indirecta se han visto afectados por este problema de carácter transnacional. 

Esas políticas deben regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros estados y deben asegurar la acción coordinada en el marco de la cooperación internacional, en la medida en que la solución al problema de las drogas ilícitas es responsabilidad colectiva de todos los Estados. 

Hemos acordado que para construir soluciones sostenibles, garantizar los derechos de los ciudadanos y el no resurgimiento del problema, la política que se emprenda debe tener un enfoque territorial basado en la participación ciudadana y en la presencia y el fortalecimiento, en términos de efectividad, eficiencia y transparencia, especialmente de las instituciones responsables de la atención social y de las responsables de la seguridad y protección de las comunidades, ambas con un enfoque de derechos humanos. 

Que esas políticas darán un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores y los consumidores de drogas ilícitas, e intensificarán los esfuerzos de desarticulación de las organizaciones criminales. 

Que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso ilícito, para fines médicos y científicos y otros usos lícitos que se establezcan. 

Frente al primer sub-punto Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito hemos acordado que el Gobierno Nacional creará y pondrá en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, como parte de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral, y con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible y definitiva al de problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio. 

Acordamos que la transformación de los territorios y las alternativas para las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito, partirán de la construcción conjunta y participativa entre estas y las autoridades nacionales, departamentales y municipales, de la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza. 

El Programa requiere la más amplia participación de las comunidades, incluyendo las directamente involucradas con el cultivo, para formular, ejecutar y hacer seguimiento a los Planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo, mediante un proceso de planeación participativa. 

Se garantizará la participación de la mujer. 

Un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y buen vivir. 

Acordamos que las diferentes propuestas de las asambleas comunitarias serán la base para la construcción de los planes municipales integrales de sustitución y desarrollo alternativo para las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, el cual se elaborará e implementará con la participación activa de las comunidades, incluidas sus organizaciones sociales territoriales. En el marco del plan municipal y teniendo en cuenta las propuestas de las respectivas asambleas, se elaborarán los planes comunitarios, que serán parte integral del mismo. Tanto los planes municipales como los comunitarios se construyen entre las comunidades, las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y el Programa, como autoridad nacional competente.